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SITEL, el 11888 de Rubalcaba

Dice Shakespeare que: “Es admirable tener la fuerza de un gigante, pero es tiránico servirse de ella como un gigante”. Así comenzaba Esteban González Pons su intervención en el Congreso sobre la propuesta de regulación de SITEL que pide el Partido Popular.

La decisión de instalar el Sitel fue adoptada por el Gobierno de Aznar para emplearlo en la lucha antiterrorista, pero tuvo que paralizarlo por informes jurídicos de Justicia, Interior y el Consejo General del Poder Judicial, que advirtieron de su posible inconstitucionalidad. La Fiscalía de Madrid también se pronunció en contra por su falta de garantías jurídicas.

El Ministerio del Interior está utilizando desde finales de 2004 este sistema para diversas investigaciones policiales. Según Alfredo Pérez Rubalcaba, se emplea siempre con autorización judicial y se destruye aquel material que carece de interés para la causa. Pero nadie sabe a ciencia cierta dónde están los ordenadores que graban las conversaciones ni cuántos hay, aunque se tiene constancia de que el CNI, al igual que la Policía Nacional y probablemente la Guardia Civil, tiene un equipo de estas características. Nadie sabe tampoco qué información se archiva en discos, cuál es el criterio de selección, quién determina el material que se entrega al juez y quién custodia esos registros.

Estamos ante un asunto que suscita enormes interrogantes, sobre todo teniendo en cuenta los abusos cometidos por el antiguo Cesid, que montó un dispositivo similar para espiar a políticos, jueces, empresarios y periodistas.

Por mucho que asegure el ministro del Interior que el sistema se usa dentro de la legalidad, parece imposible en la práctica garantizar que no se cometan abusos por parte de los servicios secretos o los aparatos policiales, que pueden controlar gracias al SITEL no sólo qué dicen los ciudadanos sino a dónde van y con quién se relacionan.

No dudo de que el sistema puede ser muy útil para luchar contra ETA, contra las mafias, contra el narcotráfico o contra la corrupción, pero también puede ser instrumentalizado para espiar a personas honestas e incluso para chantajearlas con datos sobre su vida íntima.

Es cierto que el Estado tiene derecho a recurrir a las nuevas tecnologías para ser más eficaz en la persecución del crimen organizado, pero no todo vale. Tiene que haber límites y controles.

SITEL es un sistema informático espía que:

– Permite escuchar las conversaciones de los ciudadanos sin un control judicial garantizado.
– Permite que los jueces reciban grabaciones manipuladas de las conversaciones telefónicas grabadas porque los discos carecen de una firma electrónica y legal.
– Controla también los correos electrónicos.
– Localiza a terceras personas que no están involucradas con la escucha.
– Nadie sabe qué información se archiva, con qué criterio se selecciona, quién decide lo que se le entrega al juez y quién custodia los registros.
– Los archivos que almacena SITEL no se destruyen.

Mientras tanto el ministro Rubalcaba responde con mentiras a las acusaciones del PP. Miente cuando acusa al gobierno de Aznar de contratar el sistema, porque oculta que nunca lo puso en marcha al conocer informes que cuestionaban su constitucionalidad. Oculta que el PP lo encargó para la lucha contra el terrorismo, no para vigilar a los ciudadanos y nunca lo implantó. Oculta que fue el gobierno socialista el que puso en marcha SITEL en diciembre de 2004 por decisión del actual portavoz socialista José Antonio Alonso, nada más llegar al ministerio del Interior. Miente cuando oculta que un teniente fiscal de Madrid denunció la ilegalidad de SITEL a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía no hizo nada. Oculta que la Asociación de Internautas interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo. Y también miente cuando dice que SITEL está correctamente regulado en la Ley de Conservación de Datos, cuando sabe que la Constitución (art. 81) exige que lo que afecte a los derechos fundamentales debe ser regulado por Ley Orgánica.

SITEL se puede convertir en la “Ley Corcuera” de la era electrónica.

La regulación debe hacerse mediante Ley orgánica, ya que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a sus libertades, entre ellas la libertad de las comunicaciones.

Por lo visto el señor Rubalcaba se opone a que una Ley proteja los derechos y libertades de los españoles. ¿Por qué se resiste a que sean las leyes las que digan cuándo y cómo se deben utilizar este tipo de dispositivos? ¿Por qué el Ministro del Interior no quiere límites en la utilización de un mecanismo que, como afecta a las libertades fundamentales de la persona, tiene que estar debidamente regulado? ¿Por qué el señor Rubalcaba, que es el ministro del Interior de una Democracia, se siente más a gusto en el descontrol? ¿Querrá volver a sus orígenes del GAL?

Como muy bien dijo el Diputado del PP Carlos Floriano: “No le puedo afirmar, dirigiéndose a Rubalcaba, que en España se ordenen sistemáticamente escuchas ilegales, eso lo sabrá usted”. “Públicamente usted ha dicho que los que argumentamos de Sitel como lo hacemos, argumentamos en los mismos términos que Batasuna. El mismo argumento que usted utilizaba cuando hablaba del GAL. Luego el tiempo demostró quién mentía”. “El problema no es de quien denuncia, sino de quien pudiendo hacer las cosas bien, las hace mal”. “El problema es quien le gusta moverse en la sombra en lugar de la claridad bajo aquella premisa de el fin justifica los medios, aunque sea pisoteando el Estado de Derecho”, concluyó.

No quiero decir que no se utilice SITEL contra el terrorismo y contra el narcotráfico, lo que digo es que a los españoles se le respete su libertad y sus derechos civiles y que no se les trate como a terroristas o narcotraficantes. La Constitución exige que los derechos fundamentales y las libertades públicas sólo sean suspendidos por Ley Orgánica y SITEL no tiene Ley Orgánica. Lo que necesita SITEL es control.

Y como no, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha afirmado que el PP hace suyos los argumentos de Batasuna cuando critica el Sitel. Pero ¿También hace suyos los argumentes de Batasuna el Tribunal Supremo o la unión de oficiales de la Guardia Civil? El Tribunal Supremo evidencia la carencia de una cobertura legal de rango orgánico adecuado para la utilización de SITEL. Por lo que la jurisprudencia no puede suplir el carácter general que debe tener una Ley Orgánica, que es el adecuado rango que exige la Constitución para regular la incidencia que el sistema SITEL tiene sobre la intimidad de las comunicaciones de todos los españoles, no sólo la de aquellos que se vean interferidos con un mandamiento judicial en caso de delito. El sistema SITEL necesita una Ley Orgánica que controle su utilización por la policía y el ministerio del Interior  para garantizar en general el secreto de las comunicaciones de todos los españoles.

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil  a través de un comunicado también se unió a las peticiones del PP de regular SITEL en el que piden que SITEL se regule con una “normativa moderna y garantista”, que no ponga en cuestión la utilidad de este mecanismo en las investigaciones policiales. Según la UO, SITEL necesita una regulación que “impida cuestionar la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas de Seguridad estatales y aporte la necesaria tranquilidad y seguridad jurídica a los ciudadanos que defendemos”. Este colectivo de guardias civiles destacó que el actual sistema de escuchas ha dado lugar a que “la tecnología supere a la legislación”, que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882. Por este motivo, UO insistió en que Sitel requiere de una normativa que impida que la información obtenida no quede “ensombrecida por ningún género de duda”.

En la actualidad, sólo el Artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, calificado como raquítico e insuficiente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, permite que la policía intervenga las “conversaciones telefónicas”. Todo lo demás que SITEL hace, y que afecta tanto al secreto de las comunicaciones como al derecho a la intimidad personal, no tiene habilitación alguna con rango de Ley Orgánica, como exige el artículo 81 de la Constitución.

Aunque los jueces pueden autorizar escuchas tal y como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal, SITEL es un sistema que va mucho más allá.

El sistema Integral de Interceptación de Comunicaciones Electrónicas (SITEL) fue elaborado por Ericsson para el Gobierno de Aznar durante el año 2000. Una tecnología que permite al Gobierno, nada más y nada menos, que pinchar miles de los teléfonos de España al mismo tiempo y conocer, además de las conversaciones, la identidad del sujeto, su operador telefónico, el punto geográfico exacto en el que se encuentra e incluso el tipo de contrato que tienen.

¿Por qué Sitel es el “Gran Hermano”?

Antes de Sitel el proceso era el siguiente: 

1.- La Policía pedía permiso a un juez para pinchar la línea telefónica del sospechoso de un delito.

2.- Tras obtener la autorización del juez, la Policía informaba al operador telefónico y pinchaba la línea.

3.- La grabación se llevaba a cabo con un magnetófono y se almacenaba en cintas de casete.

4.- La Policía  mostraba al juez la grabación en una cinta y el magistrado decidía qué parte se incluía en el sumario y qué parte no. Lo desechado se destruía.

Con Sitel es otra historia:

1.- La Policía está obligada a dar al agente que lleve la investigación toda la información sobre la identificación de la persona, su domicilio, el número de titularidad del servicio, el número de cuenta asignada al proveedor de Internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc. Una información que se facilita antes de que se pida la orden judicial.

2.- Con esta información en la mano, la Policía pide permiso a un juez para pinchar la línea telefónica del sospechoso de un delito.

3.- Cuando el magistrado concede el permiso, comienza la vigilancia de las comunicaciones.

4.- La Grabación se realiza a través del software de Sitel, que además aporta datos como la identidad, la localización o la operadora con la que tiene contratado el servicio. Datos que se pueden recopilar antes de iniciar la escucha.

5.- El agente realiza las escuchas a partir del material almacenado en Sitel.

6.- La Policía muestra al juez la grabación y éste decide qué parte le sirve y qué parte se destruye. Siempre se rompe el CD, pero el archivo original continúa en Sitel.

Es decir, que la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia pueden obtener los datos de carácter personal de cualquier usuario de teléfonos móviles en cualquier momento y en cualquier punto de España sin necesidad de disponer, para ello, de un permiso judicial.

Así se desprende del artículo 33 de la reformada Ley General de Telecomunicaciones que obliga a la Policía a facilitar al agente encargado de la investigación y con antes de la ejecución de la orden judicial (por tanto con desconocimiento del Juez competente), la información sobre la identificación de la persona, su domicilio, el número del titular del servicio, el número de cuenta asignada por el proveedor de internet, la dirección de correo electrónico, la situación geográfica de la terminal, etc.

Además, el tratamiento de datos de carácter personal que sirve Sitel no está regulado mediante una Ley Orgánica como merece. Así lo señalan el abogado Díaz Bermejo, la fiscalía de Madrid y la Asociación de Internautas, por tratarse de la cobertura de garantías constitucionales.

Aznar paralizó su puesta en funcionamiento pese a que pagó 10 millones de euros por SITEL, la Administración Aznar no hizo uso de él. Aquel Ejecutivo no encontró la forma de dar cobertura legal al proyecto y sus dudas quedaron fundadas con sendos informes elaborados por los ministerios de Justicia y Defensa y por el Consejo General del Poder Judicial en 2001 y 2002, que encontraban muchas pegas a la aplicación de SITEL. 

Las principales dudas consistían en la necesidad de regular el sistema de escuchas mediante una Ley Orgánica que diera cobertura a la privacidad y la protección de datos en este nuevo marco tecnológico.

Pero cuando Zapatero llegó al poder, decidió valerse de SITEL con la excusa de luchar contra el crimen organizado. Así, lo puso en marcha en 2004 en periodo de pruebas y a partir de 2005 de forma oficial.

¿Qué hizo la Administración Zapatero?

El Ministerio de Industria planteó el problema desde el punto de vista técnico y no jurídico. Así, en 2005 colocó el texto legal dentro del Reglamento de la Ley General de Comunicaciones, pensando que el agujero estaría tapado.

Pero la Fiscalía de Madrid y de la Asociación de Internautas, mediante recursos ante la Fiscalía General del Estado, recordaban que al tratarse de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, Sitel debería estar regulado por una Ley Orgánica y no por un reglamento.

Lejos de resolverlo con la promulgación de una Ley Orgánica, el Gobierno aprueba en 2007 la Ley de conservación de los datos de las comunicaciones electrónicas y las redes públicas de comunicaciones, que incorpora de nuevo el texto que Industria introdujo en el Reglamento de la Ley General de Comunicaciones dos años antes.

De esta forma, logran que desaparezca el déficit de cobertura legal que tenía el Reglamento. Pero, al mismo tiempo introducen inmediatamente el control del ciudadano por parte del Estado.

Las enormes posibilidades de crear un Estado policial que ofrecen las tecnologías de la información obligan a abrir un gran debate social y a una mayor transparencia de los poderes públicos. El Gobierno debe entrar a fondo en este asunto que afecta a una cuestión sagrada en una democracia: los derechos de los ciudadanos y su seguridad jurídica.

No quiero una España con una sociedad vigilada. El ministerio del Interior le puede estar ganando la partida a la libertad e intimidad de los españoles. Es inconstitucional e ilegal porque debería estar sólo administrado por la autoridad judicial y no por el ministerio del Interior. Es ilegal porque la Constitución garantiza el derecho a la intimidad, y al secreto de las comunicaciones.

El secreto de las comunicaciones es una libertad que tiene que defenderse y mientras que esto no se cumpla SITEL seguirá siendo el 11888 de Rubalcaba.

Intervencion de Esteban González Pons en el congreso de los diputados sobre la propuesta de regulacion de SITEL

Proposicion no de ley SITEL del Partido Popular

SITEL en doce preguntas

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6 comentarios

  1. Es un buen sistema, pero bien utilizado y para lo que se pensó.
    Rubalcaba, mintiendo como siempre, pero es que en este Gobierno es lo que hay.Que nos dejen paso y se enteren de como hay que gobernar España

  2. Buen articulo Roberto!!

  3. ¡Bien comunicado el tema! Ahora hay que mandárselo a mas gente, que hay quien no se entera, y también los hay que no quieren enterarse…
    Un abrazo fuerte.-

  4. Pues manos a la obra Jesusín, puedes reenviarlo cuando quieras. Por cierto, ¿Trabajas en Libertaddigital?

  5. Contestando a Roberto 3 dic :
    Trabajar, trabajar no, pero soy bloguista, foro y Tv, casi todo lo que abraca, pero solo participo, como aquí etc…Por eso te decía mas arriba que habría que poner éste artículo en mas sitios, porque con tu permiso lo pondremos en mas blogs y reseñaremos de donde procede y su autor.- Un abrazo.

  6. Luego me dices cuales tu blog que te haga una visita. Me parece una buena iniciativa que lo pongaís en más blogs. Gracias.

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