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El intervencionismo socialista

 

El Gobierno castiga a los contribuyentes por sus errores en política económica. Los ciudadanos y las empresas pagarán el despilfarro del Estado, que gasta más del doble de lo que ingresa. Ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, un texto en el que se incluye la mayor subida fiscal de la historia.

Las clases medias y bajas, como siempre, son las más perjudicadas. Pero la propaganda del Gobierno no tiene límites. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández De la Vega, explicó que la “reforma fiscal es equitativa y solidaria” porque “no se gravan las rentas del trabajo ni los productos de primera necesidad”. Además, destacó que pagarán menos impuestos las pymes que no despidan trabajadores.

El Gobierno ha decidido subir en julio en un punto el IVA reducido (este puede producir distorsiones en el mercado de la vivienda, que grava la compra de viviendas nuevas sobre el impuesto que grava la transmisión de viviendas de segunda mano) y en dos puntos el general (este grava productos y servicios utilizados por el conjunto de la población. De hecho, según Contabilidad Nacional (INE), el grueso de la recaudación por IVA se debe al IVA general), ha suprimido la deducción de 400 euros en el IRPF y ha elevado la tributación de los instrumentos del ahorro al 19% y al 21%, en función de las ganancias (18% al 19% para los primeros 6.000 euros y el resto, tributarán al 21%). El Estado espera conseguir ingresar 10.950 millones de euros el año que viene. Castiga el ahorro de 9 millones de ciudadanos a través de las rentas del capital. Deja para más adelante (con la Ley de Economía Sostenible) el aumento del coste de la energía, especialmente de los hidrocarburos (combustibles) y de la fuente nuclear. Llega el “impuesto verde”.

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La supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF aportará a las arcas del Estado, previsiblemente, 5.700 millones de euros.

En cuanto al aumento de la tributación de las rentas del ahorro -del 19% para los primeros 6.000 euros y del 21% para el resto- permitirán recaudar 800 millones de euros más según los cálculos del Ejecutivo.

Por contra, la bajada del impuesto sobre sociedades en cinco puntos para las pymes y autónomos que mantengan el empleo restará 700 millones a la recaudación.

La mayor sorpresa fue el mantenimiento del cuadro de previsiones económicas que el Gobierno realizó el pasado junio, es decir, que no se actualizan la estimaciones con los últimos datos. Así, el Ejecutivo dice que el PIB caerá un 3,6% este año y un 0,3% en 2010, unas cifras demasiado optimistas a tenor de los informes de todos los organismos internacionales.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, admitió que el peso de la deuda pública sobre el PIB se disparará en los próximos años. A su juicio, la del conjunto de las Administraciones se elevará en 2010 al 62,5% del PIB, y este año habrá aumentado ya hasta el 53,4%. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salgado explicó que la deuda del Estado será al cierre de este año del 41,7% del PIB y del 49,1% en 2010.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado prevé para el próximo ejercicio un déficit de las cuentas del Estado de 57.248 millones de euros, el 5,4% del PIB, tres décimas menos de la última previsión del Gobierno.

Los ingresos del Estado, después de la cesión a los entes territoriales, alcanzará los 121.626 millones de euros, un 21,2% más que la previsión de liquidación de 2010, mientras que los gastos se situarán en 185.249 millones de euros, un 3,9% menos que en 2009, pero esta cifra está maquillada.

“Maquillaje” en el gasto: en realidad sube un 14%

El Gobierno vende un recorte del gasto público del 3,9% interanual en los Presupuestos Generales del Estado para 2010. Principal argumento para justificar la subida fiscal. Sin embargo, Economía maquilla los datos: el techo de gasto crece a un ritmo histórico cercano al 14%.

Tras negar la peor crisis económica que sufre España en los últimos 50 años, y después de ocultar el aumento real del paro mes tras mes, el Gobierno optar ahora por maquillar los Presupuestos Generales para 2010.

En concreto, el Gobierno dice que acomete una “contención del gasto sin precedentes, ya que el gasto disminuirá un 3,6% respecto a 2009”, según el comunicado oficial..

Sin embargo, el anuncio tiene trampa. En realidad, el Gobierno no reduce el techo de gasto, sino que lo incrementa casi un 14% interanual.

La trampa consiste en incluir en el cierre del ejercicio presupuestario vigente un gasto extraordinario de 32.000 millones de euros, que no estaba previsto en los actuales Presupuestos. Dicho volumen de gasto procede, en gran medida, del espectacular aumento del paro y de la falta de fondos para cubrirlo, que se han destinado a proyectos que no generan crecimiento productivo.

Elena Salgado declaró, respecto a la tributación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav), que el Ejecutivo no eleva la tributación de estas sociedades, que es del 1% y que son utilizadas por las grandes fortunas para beneficiarse fiscalmente. Esto confirma que la intención del Gobierno no es gravar a las rentas más altas, como han defendido los miembros del PSOE. 

Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), nada menos que 439.395 inversores se benefician de estas sociedades de inversión que, pese a tratarse de sociedades anónimas, tributan muy por debajo del tipo general del 30% con que se grava a las empresas en el Impuesto de Sociedades para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008.

Esta baja tributación explica que el número de Sicav haya crecido de forma intensa en los últimos años. En estos momentos están dadas de alta en los registros de la CNMV 3.347 Sicav que manejan un patrimonio total de 24.943 millones de euros que tributan sólo al 1%.

Para hacerse una idea de lo que significa ese patrimonio en manos de 440.000 accionistas hay que tener en cuenta que en 2008, según los últimos datos de la Agencia Tributaria, las rentas netas del capital mobiliario para el conjunto de los contribuyentes (excluida la deuda pública no sujeta a retención) ascendía a 52.161 millones de euros.

De esa cantidad, algo más de la mitad, 28.058 millones estaba en manos de las familias, lo que significa que 440.000 accionistas poseen un capital mobiliario similar al que disponen los 17 millones de hogares que existen en España según la última EPA. Pero en lugar de tributar al 30% (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18% (al tratarse de una renta del capital) lo hacen al 1%.

Según José María Rotellar, profesor de teoría económica de la Universidad Autónoma de Madrid, por hogar y mes subirán los impuestos sesenta euros.

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La subida de impuestos propuesta por el Gobierno de la nación en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010, aprobado el pasado 26 de septiembre por el Consejo de Ministros, ha logrado la práctica unanimidad de las opiniones de prensa, analistas y expertos: la subida tributaria la pagará la clase media española.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció que la subida de impuestos era “un esfuerzo de solidaridad para mantener el gasto social”. Sin embargo, vemos que se produce un incremento en el conjunto del gasto, que supone la mayor subida del gasto de la historia de los PGE, un 17,3%.

Por tanto, mientras los gastos no financieros se incrementan un 17,3% en 2010 respecto a 2009, en el mismo periodo la participación del gasto social en el presupuesto desciende 1,2 puntos: del 52,8% al 51,6%.

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De esta manera, queda claro que no es la política social la que genera el incremento del gasto. Es más, si no se hubiese producido el fuerte y dramático incremento del desempleo y, por tanto, del pago de prestaciones, el gasto social se habría reducido todavía mucho más.

No debe confundirse el incremento desmedido del gasto con las políticas sociales. Como es bien sabido, no hay mejor política social que la que genera empleo y no parece que el proyecto de PGE para 2010, que mantiene la política intervencionista que ha colocado a España con una tasa de paro que dobla la de la Unión Europea, sea la mejor política social, sino más bien todo lo contrario.

El carácter poco social del proyecto de PGE 2010 y el castigo a la economía y a la clase media que supone la subida de impuestos propuesta no sólo ha tenido eco en la prensa, sino también en gran parte de las organizaciones políticas, sindicales, empresariales y de consumidores, que han expresado su desacuerdo con ese carácter “social” con el que el Gobierno socialista pretende revestir este proyecto de PGE:

  • “Más impuestos crearán más paro” (Rajoy, presidente nacional del Partido Popular).
  • “Los PGE prevén una subida de impuestos que complica la creación de empleo” (Durán i Lleida, portavoz de CiU en el Congreso).
  • “Este proyecto es antisocial e hipoteca la recuperación económica” (Ridao, portavoz de ERC en el Congreso)
  • Subir los impuestos grava el consumo y tendrá un efecto negativo sobre la demanda en el actual contexto de crisis” (Jorquera, portavoz del BNG en el Congreso)
  • “Las cuentas públicas merecen una enmienda a la totalidad” (Díez, portavoz de UPyD en el Congreso)
  • “La mayor carga de la reforma impositiva volverá a recaer en los trabajadores” (Comisiones Obreras)
  • “La subida de impuestos será perjudicial para el consumo y afectará especialmente al turismo y al comercio” (CEOE)
  • “La subida de impuestos lastrará la actividad económica y conllevará más cierres de negocios y aumento del paro” (ATA)
  • “La subida del IVA afectará a las economías más débiles” (FACUA y ADICAE).

Si, además, la subida impositiva la soportan las clases medias, la situación económica en la que quedan muchas familias es muy frágil. Las subidas propuestas atentan directamente contra el ahorro, que es el elemento que sustenta la inversión, y contra el consumo.

Incrementar el gravamen de las rentas de capital supone desincentivar el ahorro futuro y, por tanto, la inversión. El pequeño incremento que se pudiese producir en el consumo en el corto plazo se vería eliminado por la caída de actividad económica y empleo que supondría, en el medio plazo, la disminución de la inversión.

Además, dicho aumento del impuesto sobre el ahorro perjudica a muchos pensionistas que durante su vida laboral suscribieron planes de ahorro privado para complementar su pensión pública una vez retirados.

De esta manera, con la subida de impuestos, un hogar español, en media, tendrá que pagar 60,41 euros más de impuestos al mes, más de 10.000 pesetas. O lo que es lo mismo: el incremento será el 6% del salario de un mileurista. Y según GETHSA, el 63% de los asalariados españoles lo es.

Queda así al descubierto que la mayor parte de la subida de impuestos la sufrirán, directa e indirectamente, las clases medias. Tendrán que pagar más al consumir, verán cómo sus ahorros tienen que tributar más, con la consiguiente disminución de este complemento mensual para completar su sueldo o pensión, y podrán perder en mayor medida su empleo, al incrementarse el riesgo de una menor actividad económica debido a una menor inversión causada al descenso del ahorro.

Incrementar los impuestos drena recursos al conjunto de la economía y frena su actividad, de ahí la necesidad de que éstos sean lo menores posible y de que el gasto deba estar muy bien ajustado.

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Y más grave aún es incrementar los impuestos en tiempos de recesión; esta medida no parece que sea la mejor manera de ayudar a la recuperación económica, máxime si los problemas que sufre la economía sobre la que se va a aplicar la subida tributaria, la española, son las trabas estructurales que la asfixian y que generan una destrucción de empleo tan elevada, como pone de manifiesto el hecho de que España concentre casi un tercio del total de parados de la eurozona cuando sólo representa el 13% de su población activa.

Pero, además, la experiencia demuestra que las bajadas de impuestos que dotan de mayor libertad a la economía –que así puede volverse más ágil, dinámica y productiva– desembocan en la creación de puestos de trabajo. Ésta es la receta que aplicó Estados Unidos con Reagan y el Reino Unido con Thatcher, y que en España creó cinco millones de puestos de trabajo entre 1996 y 2004, en los gobiernos de José María Aznar.

Apostar por bajar los impuestos –y por no subirlos nunca– establece la diferencia no sólo en tasa de paro, sino también en el ritmo de actividad para salir de la crisis y generar empleo.

Muchos socios de la eurozona, como Alemania, han reducido diversos impuestos, o se proponen hacerlo. El resultado es claro: menos desempleados y una incipiente recuperación, mientras que España, con su política expansiva del gasto público rondando el 20% de incremento anual y su alza de impuestos, se sitúa a la cola tanto de la zona monetaria europea como de los principales socios internacionales.

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Conclusión

La subida de impuestos que se plasma en el proyecto de PGE aprobado por el Consejo de Ministros no sólo ataca directamente a la estructura productiva de la economía española, al desincentivar el ahorro y, por tanto, poner en peligro la inversión, la actividad y el empleo, sino que supone una merma directa para el bolsillo de todos los españoles.

Aunque el Gobierno de la nación ha anunciado que la subida de impuestos es un esfuerzo de solidaridad para cubrir el gasto social, realmente, tras analizar los datos, se puede observar que mientras se produce el mayor incremento de la historia de los gastos no financieros en los PGE, un 17,3%, el gasto social disminuye si aceptamos las matizaciones que en los PGE de 2009 realizaba el propio Gobierno de España.

De hecho, de no ser por el gran incremento del desempleo, el conjunto de políticas sociales disminuiría más todavía. Y realmente la prestación por desempleo es una cobertura social pasiva, pero no una política social activa que permita que los desempleados encuentren de nuevo un puesto de trabajo.

Además, tal como recogen la mayoría de medios, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como de autónomos y de consumidores, la subida de impuestos perjudicará a la economía y al tejido productivo, y será sufragada, en su mayor parte, por la clase media, mientras que quienes tienen asegurado su puesto de trabajo verán cómo su salario crecerá por encima de la inflación de 2009, al tiempo que se les garantiza que no perderán poder adquisitivo en un periodo de tres años.

Por tanto, una amplia parte de la sociedad coincide en señalar el coste para la economía de esta subida de impuestos y la injusticia social que genera el hecho de que dicho incremento lo soporte la clase media. Al tiempo, también se coincide en señalar el desmedido incremento del gasto público, que dará lugar a un mayor déficit, deuda y, finalmente, a nuevos impuestos. Mientras, la eventual disminución del impuesto de sociedades introduce tantos condicionantes que hará que la medida no tenga impacto real en la economía.

El Gobierno socialista comenzó por incrementar los impuestos especiales, ha continuado por subir el gravamen del IVA, el del ahorro y por eliminar deducciones del IRPF anteriormente establecidas sin criterio ortodoxo, y se plantea introducir próximamente un impuesto medioambiental.

Su voracidad recaudatoria, pareja a su entusiasmo por el incremento del gasto público y a la ausencia de una política económica coherente y efectiva, hacen presuponer que estamos sólo ante el comienzo de una subida generalizada de impuestos y del gasto público, que arroja oscuras sombras sobre la posibilidad de que se produzca pronto un crecimiento económico en España que genere empleo y devuelva la prosperidad a nuestra economía. Para eso harán falta otros presupuestos y otro Gobierno, que sea austero, baje impuestos y realice las reformas estructurales que necesita la economía española.

http://www.fundacionfaes.org/

http://www.libertaddigital.com/

http://www.expansion.com/

http://www.elmundo.es/

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