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El Tribunal “Inconstitucional”

 

tribunalEl Tribunal Constitucional de España o TCE es un órgano constitucional español cuya función es la de ser el intérprete supremo de la Constitución. Está regulado en la actualmente vigente Constitución Española de 1978, ejerce las competencias definidas en el artículo 161 de la Constitución, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo que es de la Constitución, es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica. Además, es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio español.

Corresponde al Tribunal Constitucional la última interpretación de los preceptos constitucionales señalando la extensión y limites de los valores superiores como la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

El Tribunal Constitucional está integrado por doce miembros, que ostentan el título de Magistrados del Tribunal Constitucional. Son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, a propuesta de las Cámaras que integran las Cortes Generales (cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado), del Gobierno (dos) y del Consejo General del Poder Judicial (dos).

La designación para este cargo se hace por nueve años, debiendo recaer en ciudadanos españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

El Tribunal Constitucional está formado por los siguientes Magistrados:

María Emilia Casas Baamonde, Presidenta (Monforte de Lemos (Lugo), 1950); Guillermo Jiménez Sánchez, Vicepresidente (Almadén (Ciudad Real), 1940); Vicente Conde Martín de Hijas (Toledo, 1940); Javier Delgado Barrio (Barbastro (Huesca), 1932); Elisa Pérez Vera (Granada, 1940); Roberto García-Calvo y Montiel † (La Bañeza (León), (1942-2008)); Eugeni Gay Montalvo (Barcelona, 1946); Jorge Rodríguez-Zapata Pérez (Montevideo (Uruguay), 1948); Ramón Rodríguez Arribas (Madrid, 1934); Pascual Sala Sánchez (Valencia, 1935); Manuel Aragón Reyes (Benamejí (Córdoba), 1944); Pablo Pérez Tremps (Madrid, 1956).

Tras esta breve introducción informativa sobre lo que es y representa el Tribunal Constitucional quiero decir que este grupo de Magistrados no están a la altura, ya que por motivos políticos llevan más de tres años sin dictaminar una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. El Estatuto es evidente, y a los acontecimientos me remito, que contiene artículos que son contrarios a la Constitución. Por lo tanto es inconstitucional. Para lo único en lo que si que se ha puesto de acuerdo el Tribunal Constitucional ha sido para marcharse de vacaciones, por lo que el Tribunal reanudará los debates en septiembre.

Es que la Presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ¿Es la única manejable? ¿Por eso sigue aún al frente del Tribunal cuando debería ya hace tiempo haber dejado ese puesto? El caso es que el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, puede inclinar la balanza en sentido favorable al Estatuto catalán.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sostiene que España “es un Estado federal” con sentimientos identitarios diversos, pero con un proyecto político común, y que los españoles” sólo nos hemos sentido felices, democráticamente hablando, cuando se han reconocido nuestras diferencias”. ¿Desde cuando España es un Estado Federal? Hay que decirle al ministro Caamaño que España, hasta el momento no es un Estado Federal, sino un Estado de Autonomías contemplado en la Constitución de 1978. Me resulta raro que un jurista se atreva a decir estas declaraciones. Y también me resulta raro que diga que hay un proyecto común entre el Estatuto catalán y la Carta Magna, cuando el Estatuto catalán habla de nación catalana y obliga estudiar en catalán y erradica la lengua oficial de España en el sistema educativo catalán. Una comunidad gobernada por nacionalistas independentistas que lo único a lo que aspiran es a separarse de España y el PSC los apoya, no creo que tenga muchos proyectos políticos en común.

Las declaraciones de Caamaño, cuando les hizo la pelota con aquello de que el Estatuto “se aplica desde hace dos años y medio y no pasa nada”. No le pasará a él, pero la mayoría de las 32 leyes que desde entonces se han aprobado en el Parlamento de Cataluña tienen algún artículo inconstitucional o son claramente inconstitucionales, como la Ley de Educación de Cataluña que impiden estudiar en español, entre otras muchas más leyes, o la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias que suplanta al propio Tribunal Constitucional en decisiones que sólo a él compete decidir.

Tal y como dice Mariano Rajoy “una democracia tiene sus reglas y no respetarlas o intentar presionar a quien tiene que tomar decisiones de manera independiente no me parece lo más propio de un sistema democrático”. Por lo que Carod Rovira y Maragall no puede convocar ni apoyar una manifestación para presionar al Tribunal, pero ¿Qué se puede esperar de políticos que intentan separar Cataluña de España y hacen chantaje político a Zapatero con la financiación autonómica para seguir apoyándole? pues esto, manifestaciones para presionar al Tribunal. Y el ministro Caamaño no debería hablar de un Estado Federal y ponerse a favor de un Estatuto inconstitucional, ya que estaría apoyando una división de España y su futura desvertebración.

Joan Tardà, diputado por ERC ha propuesto que abandonen temporalmente su escaño en el Congreso todos los diputados. ¡Que pena que no renuncien para siempre a su sueldo y escaño! Esto es lo que tiene el histérico nacionalismo en la política, puro teatro para doblegar a esos mansos juristas que no saben como interpretar la Carta Magna para quedar bien con los nacionalistas. Más presión para el Tribunal antes de que se pronuncie o mejor dicho, más chantaje.

Los nacionalistas son la lacra de este país, no podemos permitir que unos pocos tengan la suficiente fuerza y poder como para chantajear al gobierno de turno y además, se atreven a afirmar que no cumplirán la decisión del TC si éste se declina por sentenciar que el Estatuto es inconstitucional. No podemos permitir que el gobierno agache la cabeza y conceda todas las plegarias de los separatistas catalanes con tal de seguir contando con sus votos para poder mantenerse en el poder. Ha llegado el momento de hacerles frente y el primer paso será la sentencia de inconstitucionalidad del Estatuto. 

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